Caos al parque
El sistema de Manglares en el Delta del Río Atrato era hasta hace poco un parque natural regional.
Revista Semana
MEDIO AMBIENTE Una disputa entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio del Medio Ambiente tiene en entredicho el futuro de varios parques naturales regionales.
Sábado 20 Agosto 2011
Un decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, que buscaba simplificar el sinnúmero de categorías en que están divididas las áreas protegidas en Colombia, se volvió la manzana de la discordia con varias Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Su paradójico efecto sería que varios parques naturales regionales, hasta ahora intocables, podrían llegar a ser objeto de actividades de explotación como la minería.
Hace un año, el Ministerio emitió el Decreto 2372 para reorganizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). Según la Dirección de Parques Naturales, había más de doscientos tipos de áreas entre los que estaban los parques nacionales a cargo del Ministerio, los parques y reservas forestales regionales, competencia de las CAR, y hasta pequeñas zonas de conservación declaradas por concejos y asambleas.
El caos era tal que no había ni siquiera un inventario completo de las áreas protegidas del país. El decreto ordenó reducir esas categorías a solo siete, y dio un año de plazo a las CAR, hasta el pasado primero de julio, para reclasificar las áreas a su cargo.
El término se cumplió sin que cerca de la mitad de las CAR (13 de 33) entregara la reclasificación. Aunque posteriormente han ido enviándola, todavía quedan algunas pendientes, lo cual deja a esos parques y reservas por fuera del Sinap, como lo estipula el decreto. El efecto es que, según Julia Miranda, directora de la Unidad de Parques del Ministerio, ello abre rendijas legales para que, por vía judicial, cualquier ciudadano pida autorizar explotaciones hasta hace poco prohibidas.
Las CAR que no cumplieron alegan que solicitaron prórrogas que el Ministerio no les concedió o consideran que el cambio debió hacerse por ley y no por decreto. Asocars, la asociación nacional de las CAR, afirma que el decreto no fue concertado, aunque Miranda dice que fue ampliamente socializado durante dos años y varias CAR enviaron observaciones que se incorporaron al texto. Para completar, la CAR de Cundinamarca demandó la medida ante el Consejo de Estado.
Corpourabá le cambió la categoría a reserva forestal, por lo que podría otorgar licencias en algunas zonas para la minería. Si Corpourabá lo permite, este santuario podría parecerse en el futuro al contaminado río Dagua.
En el caso de las CAR que sí hicieron la reclasificación en el plazo exigido, hay sorpresas, pues algunas ‘rebajaron’ de categoría a varios parques regionales. Corpourabá le quitó su estatus de parque natural regional al Sistema de Manglares del Delta del Río Atrato, y lo clasificó como reserva forestal, una categoría que podría llevar a excluir algunas zonas para minería. En la zona hay más de cuarenta solicitudes de títulos mineros esperando aprobación. En Risaralda, cuatro parques naturales regionales -La Marcada, Cuchilla San Juan, Barbas Brehmen y Alto del Nudo- se convirtieron en “distritos de manejo integrado” o de “conservación de suelos”, por decisión de Carder, la CAR local, pese a que el Instituto Alexander von Humboldt recomendó lo contrario, apoyado en una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el estatus de los parques regionales no puede cambiarse por decisiones administrativas. En tres de estos parques hay títulos mineros ya concedidos por Ingeominas y otras treinta solicitudes esperan aprobación. Mientras eran parques, la CAR no podía conceder licencias de exploración y explotación minera; con el nuevo estatus, queda en manos de Carder hacerlo. Aunque las CAR son autónomas en sus decisiones, el Ministerio puede revisar que esas reclasificaciones se ajusten a criterios técnicos.
En parte por estos hechos, algunos ambientalistas afirman que el decreto fue impulsado por intereses mineros. Miranda reconoce que “había que darles una solución a los otros sectores que pedían claridad sobre dónde estaban las áreas protegidas”. Estos sectores tienen razón, porque el caos que existía desde hace treinta años no daba más espera. Además, el decreto del Ministerio, que quiso resolver el desorden pende de una demanda ante el Consejo de Estado. Mientras tanto, algunos parques regionales quedan por fuera del sistema de áreas protegidas y corren el riesgo de verse convertidos en estaciones de la locomotora minera.